La Fiscalía de Barcelona ha interpuesto una querella penal contra Glovo, alegando que la empresa de reparto ha estado contratando a trabajadores bajo la figura de falsos autónomos. Esta práctica, conocida como “falsos autónomos”, implica que los trabajadores son registrados como autónomos, aunque en realidad cumplen con las condiciones de empleados asalariados, lo que les niega derechos laborales fundamentales como vacaciones pagadas, seguro médico y contribuciones a la seguridad social.
La querella señala que Glovo, una de las principales empresas de reparto en España, ha eludido sus responsabilidades laborales al clasificar incorrectamente a sus repartidores como autónomos. Este modus operandi ha sido objeto de controversia y ha desencadenado una serie de investigaciones y acciones legales no solo en España, sino también en otros países donde la economía de plataformas ha experimentado un crecimiento significativo.
La acción de la Fiscalía se alinea con la postura del Ministerio de Trabajo y Economía Social, que ha intensificado sus esfuerzos para regular el trabajo en plataformas digitales y garantizar que los trabajadores reciban la protección que merecen. En este contexto, la Inspección de Trabajo ha llevado a cabo numerosas inspecciones y ha impuesto sanciones a empresas que se valen de esta práctica para reducir costos laborales.
Según la querella, los repartidores de Glovo trabajan bajo las directrices y el control de la empresa, lo que contradice la figura de autónomo. Se argumenta que estos trabajadores no tienen verdadera autonomía en su labor, ya que deben seguir las rutas y horarios establecidos por la plataforma, y están sujetos a evaluaciones de desempeño que pueden influir en su acceso a futuros trabajos.
La respuesta de Glovo a estas acusaciones ha sido defensiva, afirmando que su modelo de negocio proporciona flexibilidad tanto para la empresa como para los repartidores. Sin embargo, varios fallos judiciales han respaldado la posición de los trabajadores, reconociendo que la relación laboral existente es la de un empleado y no la de un autónomo.
Este caso podría tener implicaciones significativas para el sector de la economía de plataformas en España y más allá. Si la querella prospera, podría establecer un precedente legal que obligue a otras empresas de reparto y plataformas digitales a revisar y modificar sus modelos de contratación. Además, podría impulsar la creación de nuevas regulaciones que definan con mayor claridad las condiciones laborales para los trabajadores de plataformas digitales.
Los sindicatos y organizaciones de defensa de los derechos laborales han manifestado su apoyo a la querella, subrayando la necesidad de proteger a los trabajadores en un mercado laboral cada vez más digitalizado y precario. También han instado al gobierno a actuar con firmeza para asegurar que todas las empresas cumplan con las leyes laborales y proporcionen condiciones de trabajo justas y dignas.