viernes, julio 19

El Congreso convalida la limitación al precio del gas

El real decreto-ley para limitar el precio del gas en el mercado mayorista de la electricidad ha sido convalidado este jueves en el Congreso, medida respaldada por todo el arco parlamentario a excepción de PP y Vox, que la han tachado de «intervención radical» y se han abstenido.

La limitación al precio del gas en el mercado eléctrico, que ha recibido el visto bueno de la Comisión Europea y se empezará a aplicar el martes cuando en el mercado mayorista se casen los precios para el día siguiente para España y Portugal, reducirá entre un 15 % y el 20 % el importe de la factura de los consumidores con tarifa regulada computados los doce meses en los que se aplicará, hasta el 31 de mayo de 2023.

Ribera define la medida como un «cortafuegos»

En su intervención ante el Pleno de la Cámara Baja, la vicepresidenta para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha celebrado este mecanismo como «un cortafuegos» ante el encarecimiento del gas natural y un tope «sin precedentes» para evitar que la crisis energética acabe recayendo únicamente en los consumidores.

Ha explicado que los primeros que se beneficiarán de la medida son los consumidores con tarifas indexadas al precio del mercado, mayoritariamente los que tienen la tarifa regulada o PVPC, que tienen, entre otros, los beneficiarios del bono social. No obstante, ha dicho que la medida también beneficiará a los consumidores del mercado libre, pues cuando renueven su contrato, la referencia de precios del mercado mayorista que habrá será menor.

Las centrales que producen electricidad con gas serán compensadas por la diferencia que haya entre el precio que haya de límite (que oscilará desde los 40 euros/MWh los primeros 6 meses del periodo y que luego irá subiendo de cinco en cinco euros hasta llegar a los 70 euros/MWh en el último mes) y el coste que les supone.

Sánchez ha celebrado en Twitter la convalidación del decreto-ley. «Hogares y empresas empezarán a notar el ahorro en la factura eléctrica inmediatamente. También en esta crisis, proteger a la ciudadanía y al tejido productivo es nuestra máxima prioridad», ha afirmado.

PP: «No es un triunfo, es la manifestación de un fracaso»

«La excepción ibérica no es un triunfo, es la manifestación inequívoca de un fracaso en política energética», ha replicado el responsable de Energía del PP, Guillermo Mariscal, que considera el tope «una intervención radical del mercado».

Asimismo, ha advertido de un coste en compensaciones a las instalaciones con precio topado de 6.300 millones al coste actual del gas, y a 1.500 millones adicionales por cada aumento de 10 euros. «Ese es el resultado de su brillante negociación», ha dicho.

Para Vox, el mecanismo para limitar el precio en estas centrales no deja de ser «un juego de trileros», «un timo», «un espejismo», ha dicho su portavoz de Transición Ecológica, Mireia Borrás, poniendo en duda si, al final, no acabará provocando incluso un aumento en la factura: «Veremos en qué queda».

Su homólogo en el PSOE, Germán Renau, ha replicado a ambas bancadas señalando que su rechazo solo se puede explicar en que «sus verdaderos deseos es que a España le vaya mal». «Eso no es que les haga malos políticos, les hace malas personas», ha dicho.

Varios partidos apoyan la medida, pero critican algunos de sus puntos

Varias formaciones, como el PNV, Bildu o el PDeCAT, han felicitado al Gobierno, pues aun lamentando la insuficiencia de la medida han reconocido la dificultad para alcanzarla: «Veremos los resultados, pero visto en perspectiva no era fácil», ha dicho por el PDeCAT su portavoz, Ferrán Bel.

«Es un paso, pero un gran paso que hasta ahora nadie se había atrevido a dar», ha apuntado Idoia Sagastizabal, portavoz económica del PNV, que ha destacado cómo, desde que se anunció la medida, los mercados de futuros del gas se han estabilizado por debajo de la mitad de los de otros países.

Oskar Matute, de Bildu, ha pedido al Gobierno una detallada campaña informativa para aclarar cómo funciona el ajuste y cómo le afecta, para ser conscientes del alcance real de la rebaja, mientras que Mireia Vehí, de la CUP, ha criticado la compensación a instalaciones generadoras de gas con la sobrerretribución lograda estos meses: «No tiene ningún sentido», ha dicho.

Esgrimiendo que su apoyo únicamente se sustentaba en el visto bueno de Bruselas, la diputada de Cs Mari Carmen Martínez Granados ha apuntado que la rebaja prevista en la factura se queda «en la mitad de lo que el Gobierno prometió». Asimismo, ha destacado que, aunque el Gobierno lo niegue, existe un riesgo de que los consumidores franceses se beneficien del tope que subvencionan los españoles, ya que el Ejecutivo intentó limitar las ventas al país vecino en su negociación con la Comisión.

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