El gobierno de izquierdas que presidió hasta 2023 el socialista Ximo Puig siempre argumentó que el PP nunca promovió desde el Ministerio de Educación un recurso contra su polémica ley de plurilingüismo. Es decir, que por mucho ruido que hicieran los populares valencianos, la realidad era que la norma aprobada en 2018 contaba con el aval de un gobierno central en manos entonces del PP. Y ahora que los papeles se han intercambiado, lo cierto es que el Gobierno de Pedro Sánchez ha evitado confirmar de momento si presentará o no recurso contra la bautizada como ley de libertad educativa de PP y Vox.
El posicionamiento en este tema de Moncloa contrasta, además, con el que se mantiene en el caso de la otra norma que ha generado no poca polvareda: la llamada ley de concordia, cuyo debate se inicia este miércoles en las Cortes Valencianas y cuya aprobación está prevista para este jueves en el pleno de la Cámara autonómica. Ambas leyes forman parte de la agenda reformista de los dos socios de la Generalitat que preside Carlos Mazón.
Un paquete legislativo que PP y Vox han querido sacar adelante en tiempo récord, para borrar ya en el primer año de legislatura las políticas de la izquierda en materias sensibles como la política lingüística o la memoria histórica, pero también la radiotelevisión pública o la Agencia Antifraude. La sintonía entre ambos socios ha sido tal que no se ha resentido pese a las fuertes discrepancias en violencia de género o la reciente amenaza de Vox de romper sus pactos autonómicos a cuenta de la política migratoria.
La nueva ley educativa valenciana, que ya ha entrado en vigor tras su publicación en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana, es por tanto una de las más importantes para el Consell de Mazón. Y una de las primeras sobre las que puso el foco el propio PSPV-PSOE. La secretaria general de los socialistas valencianos, Diana Morant, con asiento en el Consejo de Ministros, llegó a advertir de que el Gobierno estudiaría recurrir al Tribunal Constitucional tanto la ley educativa como la de concordia.
En este último caso, el recurso ya ha sido confirmado por la propia delegada del Gobierno. La socialista Pilar Bernabé dijo que en cuanto se publique esta norma, Moncloa «tomará todas las medidas». «No permitiremos pasos atrás en la dignidad de las víctimas», subrayó. No en vano, el Gobierno también ha recurrido al Constitucional la derogación de la ley de memoria por parte de Aragón.
Sin embargo, con la ley de libertad educativa, las fuentes consultadas evitan concretar si el Gobierno iniciará finalmente la vía judicial. El posible recurso, de hecho, está en el aire. «El Gobierno está pendiente y estudiando todo tipo de acciones», explican fuentes de la Delegación, que no confirman todavía si se presentará o no dicho recurso.
Los socialistas en las Cortes, por ejemplo, han lamentado el retroceso del valenciano en la escuela con la nueva ley, que abre la puerta a la inmersión en castellano en las comarcas castellanohablantes y blinda un mínimo del 25% tanto de valenciano como de castellano en las zonas valencianohablantes. En este sentido, Compromís propuso al PSOE unir fuerzas en el Congreso de los Diputados, pues la Constitución permite que 50 diputados presenten un recurso de inconstitucionalidad.
La vía del recurso la dejó también abierta la Universitat de Valencia (UV). En un informe aprobado por su consejo de gobierno, la institución académica señaló sobre la proposición de ley que tenía «aspectos que pueden contradecir la jurisprudencia del TC y el sentido en materia lingüística de la Constitución Española».