Antes de que el Tribunal Constitucional amparase parcialmente a varios ex altos cargos del Gobierno andaluz del PSOE, tumbando así, en parte, la verdad judicial sobre el mayor caso de corrupción de la historia reciente del país, el de los ERE, hubo una quincena de magistrados que mantuvo una tesis contraria.
Estos quince magistrados sí apreciaron la existencia de una trama instaurada desde las más altas instancias del Ejecutivo andaluz para repartir de forma opaca, clientelar y sin control 679 millones de euros a lo largo de una década. Todo ello quedó recogido en los 1.205 folios de la sentencia firme del Tribunal Supremo, un órgano que está en la cúspide de la jerarquía de los tribunales judiciales españoles. El TC, a pesar de que se denomina «tribunal», no forma parte del Poder Judicial, sino que es el «intérprete supremo» de la Constitución española. De ahí que haya juristas que sostienen que el TC se ha «extralimitado» en su análisis del caso de los ERE.
Precisamente va por ahí el sentido de los votos particulares de los magistrados del TC que están disconformes con el sentir mayoritario de este órgano. Las resoluciones de los ERE están saliendo adelante por siete votos a favor de los magistrados progresistas por cuatro en contra del bloque conservador. «El Constitucional ha suplantado por primera vez en su historia al Supremo», advierten en los votos particulares.
Y este giro da un vuelco a la manera de interpretar el Código Penal. «A cualquier jurista, una mínima sorpresa le genera esta situación porque, hasta ahora, cualquier juez que tuviera la necesidad de consultar qué se entiende por resolución administrativa del artículo 404 del Código Penal [en el que es define la prevaricación], acudía a la jurisprudencia del Tribunal Supremo. Ahora, parece que vamos a tener que esperar a que el TC redefina prácticamente todo el Código Penal», ha alertado este jueves en Canal Sur Radio el presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura en Andalucía occidental y juez de lo penal en Sevilla, Joaquín Yust.
QUINCE EX ALTOS CARGOS, CONDENADOS
Pero antes de que la pieza principal de los ERE, en la que fueron condenados quince ex altos cargos del Gobierno andaluz, entre ellos los ex presidentes andaluces y del PSOE Manuel Chaves y José Antonio Griñán, llegara al TC, hubo quince magistrados que avalaron, con matices, la existencia de delitos de prevaricación y malversación en el reparto millonario de fondos. Ahora el TC ha establecido que las sucesivas leyes de presupuestos en las que se incluyó la partida 31L, también conocida como el fondo de reptiles, daban cobertura legal a las ayudas públicas que costearon los expedientes de regulación de empleo. La aprobación, por parte del Parlamento andaluz, de las leyes de presupuestos en las que estaban los ERE viene a blanquear, según el TC, todo el entramado de reparto de ayudas.
Entre los quince jueces que mantuvieron tesis contrarias al TC en los ERE hay cinco jueces de instrucción (Mercedes Alaya, Álvaro Martín, María Núñez Bolaños, Ana Rosa Curra e Iván Escalera); un magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) Miguel Pasquau; los tres magistrados de la Audiencia de Sevilla que celebraron juicio y dictaron la primera sentencia condenatoria (Juan Antonio Calle, Pilar Llorente y Encarnación Gómez); y seis magistrados del Tribunal Supremo (los cinco que dictaron la sentencia: Juan Ramón Berdugo, Ana Ferrer, Susana Polo, Carmen Lamela y Eduardo de Porres; además del instructor Jorge Alberto Barreiro).