La región alcanzará los ocho millones de habitantes en unos años, según las previsiones. Para facilitar y estimular la actividad económica y permitir el desarrollo que necesita en su territorio, el Ministerio de Medio Ambiente aprobará una nueva ley que modificará otros 10 y unos 131 artículos. El objetivo: menos burocracia y trámites más ágiles. Los resultados más inmediatos serán un año menos para tramitar permisos de construcción, o dos menos para desarrollar centros de datos.
La ley lleva el pomposo nombre de un proyecto de ley para un desarrollo equilibrado en términos de ordenamiento territorial y protección del medio ambiente, pero su espíritu es el de una «mini ley general» que unifica los criterios y simplificará los procedimientos administrativos, reduciendo al mismo tiempo las cargas burocráticas.
Como explicó el Ministro de Medio Ambiente, Carlos NovilloUno de los primeros efectos se dejará sentir en el plano urbanístico, con modificaciones como la que permitirá solicitar la licencia de obra en cuanto se consolide el suelo, lo que «supondrá un año de antelación en los trámites» . “más ágil, que no implica diez años de trámites para cualquier modificación”, subrayó. Las medidas en este ámbito serán útiles para facilitar desarrollos urbanos como Madrid Nuevo Norte.
En materia de transición energética y digitalización, se dispondrá de facilidades para instalar centros de datos en suelos urbanizables no sectorizados –aquellos que no están delimitados en parcelas, sectores o zonas, por lo que se prevé su transformación en el largo plazo–, lo que permitirá implementado más rápido. Además, se suprimirán los planes especiales de infraestructuras para la distribución o el transporte de energía, lo que supondrá también dos años de ahorro en el despliegue de este tipo de actividades.
Una tercera medida indica que bastará con una declaración responsable para instalar energías renovables para el autoconsumo o recargar coches eléctricos.
En materia de agricultura y ganadería, la nueva norma permitirá realizar más actividades en suelo rural, por ejemplo invernaderos, y también comercializar productos agroalimentarios en la propia instalación. Esta norma permitirá reducir los permisos urbanísticos y modernizar los regadíos, lo que se traducirá en «ahorro de agua y mejor rentabilidad de las explotaciones agrícolas», afirma el Gobierno regional.
El Gobierno puede desarrollar planes de protección del paisaje y compatibilizar la protección del medio rural con los usos tradicionales, para revitalizar su economía y evitar la despoblación.
En el ámbito de la gestión del agua, la nueva ley regional acelerará el procedimiento de aprobación de proyectos de obras de infraestructura hidráulica: esto garantizará la continuidad de la prestación de los servicios. En concreto, habrá un procedimiento exprés para las obras del Canal de Isabel II, que también están declaradas de interés público. Y se suprime el Plan Especial de Infraestructuras de obras hidráulicas, que acelerará todas las obras incluidas en el Plan Sanea, que afectará a 59 municipios y requerirá una inversión de 500 millones de euros para mejorar las redes de alcantarillado y proteger las infraestructuras contra inundaciones.
Finalmente, la norma adaptará la ley autonómica de bienestar animal a la estatal.