Plan Integral de Reparación a Víctimas de Abusos de la Iglesia

Los obispos se han comprometido a aprobar en julio su Plan Integral de Reparación a Víctimas de Abusos. Han convocado una Asamblea Plenaria Extraordinaria para el martes 9 de julio para que «todos los obispos conozcan el texto, hagan sus aportaciones y, en su caso, den su aprobación», según explicó César García Magán, portavoz de la Conferencia Episcopal, durante una rueda de prensa. El Plan apunta a la «reparación integral» en los casos en los que no hay posibilidad de juicio, ya sea porque el autor está muerto o porque el caso no estaba previsto.

Antecedentes del Plan

Los obispos acordaron llevar a cabo este proyecto de reparación durante su Asamblea Plenaria de noviembre. El plan debía ser aprobado en la siguiente asamblea, celebrada a principios de marzo pasado. Sin embargo, desacuerdos internos impidieron llegar a un acuerdo y, en lugar de su aprobación, se acordaron ciertos «principios que informan el plan», sin precisar «cuándo y cómo se podrá llevar a cabo».

Factores que Aceleraron la Aprobación

La discusión parecía retrasarse hasta la próxima sesión plenaria, prevista para noviembre, pero dos factores aceleraron el proceso:

El impulso del nuevo presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, decidido a cerrar los expedientes pendientes durante su mandato.
El plan presentado por el Gobierno a finales de abril, que pretende obligar a la Iglesia a asumir el pago de indemnizaciones, incluso sin decisión judicial. La falta de un plan propio dejó a la Iglesia en una posición vulnerable.
Proceso de Elaboración y Contenido del Plan
Durante los últimos dos meses, la Conferencia Episcopal ha aprovechado la oportunidad para aprobar su proyecto lo antes posible. Involucraron directamente a personas religiosas, a través del Confer, ya que la mayoría de los casos ocurrieron en el ámbito de las escuelas religiosas.

El «Plan de Reparación Integral a Víctimas de Abuso Sexual de Menores y Personas Vulnerables Iguales en Derecho» (PRIVA) fue elaborado por la Oficina de Servicio de Protección al Menor de la Iglesia. Durante estos meses, el plan «incorporó las observaciones de los obispos en sus diversas reuniones», según García Magán. Además, sigue las indicaciones del Consejo Episcopal de Asuntos Jurídicos.

Desafíos y Reticencias

La indemnización deberá ser asumida por la diócesis o congregación religiosa del agresor, lo que genera reticencias. Algunos obispos temen que surjan denuncias falsas y que se empañe la imagen de sacerdotes fallecidos. Además, algunas diócesis enfrentan dificultades económicas y temen que el pago de indemnizaciones las lleve a la quiebra.

Aprobación del Plan

La aprobación del plan requiere una mayoría cualificada de dos tercios, que parece garantizada en principio. El hecho de que el proyecto sea aprobado por la Asamblea General y no por la Comisión Permanente implica una mayor presión sobre los obispos más reacios. Una posible oposición posterior al pago de indemnizaciones implicaría posicionarse contra la decisión mayoritaria del resto de sus «hermanos obispos».