jueves, abril 25

Édgar Ortiz: el ABC de la acción de la PGN contra el Fiscal General

La acción presentada por la PGN es consecuencia de la invitación que el presidente Bernardo Arévalo hizo a la fiscal Consuelo Porras para asistir a una reunión de Gabinete, en la que solo permaneció 15 minutos. Foto: Gobierno de Guatemala/La Hora

 

El abogado constitucionalista, Édgar Ortiz, considera que la denuncia penal interpuesta el pasado jueves 29 de febrero por la Procuraduría General de la República (PGN) y la Secretaría General de la Presidencia (SGP), contra el fiscal general y titular del Ministerio Público (MP), María Consuelo Porras, es una acción legal que permite a personas naturales o entidades autónomas iniciar un proceso penal.

Abogado constitucionalista, Édgar Ortiz. Foto: La Hora/Edgar Ortiz

La acción penal interpuesta contra Porras implica implícitamente la solicitud de retiro de su inmunidad por la posible comisión del delito de incumplimiento de deberes, según lo establece el artículo 419 del Código Penal.

RAZONES DEL PREJUICIO

Ante esto, Ortiz explica que la denuncia se fundamenta en la negativa de la Procuraduría General de la República a participar en la Reunión de Gabinete, a la que fue citada el pasado lunes 29 de enero por el Presidente de la República, Bernardo Arévalo.

Esto se debe a que, según la solicitud enviada a Porras, se indicó que el propósito de la reunión sería la coordinación de políticas de seguridad y anticorrupción.

Si bien para Ortiz el Código Procesal Penal tiene competencia de la acción penal en delitos de acción pública al MP, también permite a personas naturales o entidades autónomas iniciar la persecución penal, figura jurídica que ha invocado la PGN.

Contrario a lo expresado por el diputado, quien indicó que sentía la necesidad de retirarse, ya que en la reunión prevista se tratarían temas que atañen al Consejo de Ministros, lo que prohibió su presencia, la PGN sostiene que según el artículo 4 de la Ley Orgánica del MP, fue obligatoria la presencia del fiscal general.

Ortiz explica que es esta versión la que no comparte la PGN, por lo que ha sido objeto de polémica, sobre todo porque Porras admitió que su presencia sólo puede darse en gabinetes específicos.

Esto, según el constitucionalista, provocó que la PGN se opusiera al argumento de Porras, por lo que alega que su deber era permanecer en la reunión de conformidad con el artículo 4 de la Ley Orgánica del MP y el artículo 134 de la constitución, por lo que afirma. que su ausencia constituye un incumplimiento de deberes.

EL CAMINO A SEGUIR

Sin embargo, Ortiz explica que, si bien el artículo 419 del Código Penal castiga el incumplimiento de deberes con penas de 3 a 6 años de prisión, la investidura del Procurador General está blindada en el derecho a la inmunidad, por lo que la denuncia presentada en su contra debe seguir la vía jurídica respectiva.

La acción presentada deberá ser elevada a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), quien decidirá si la rechaza o la tramita.

De optar por la segunda decisión, el abogado señala que la CSJ deberá enviar el expediente al Congreso de la República, para que allí, ante el pleno de diputados, se designe una Comisión Investigadora, integrada por un presidente. , secretario y tres vocales, elegidos por sorteo.

Luego de definir el procedimiento, que incluye la ratificación del retiro de inmunidad y la defensa del funcionario imputado, la Comisión Investigadora deberá presentar un informe al pleno de diputados.

Al conocer el informe presentado por el pleno de diputados, se conocerá qué recomendación hace para el retiro o no del derecho a la instrucción previa al juicio. Si la recomendación es positiva, el pleno de diputados decidirá con el voto de las dos terceras partes del total de legisladores que integran el Congreso de la República.

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