sábado, julio 13

2.000 pandilleros son trasladados a prisión de alta seguridad en El Salvador, informa Bukele

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, afirmó este martes que 2.000 pandilleros más fueron trasladados al penal de alta seguridad del país denominado Centro de Internamiento Terrorista (Cecot), con capacidad para 40.000 integrantes de estas estructuras criminales y que, según informó Según el presidente, es “el más grande de Estados Unidos”.

El presidente publicó en X que los integrantes de estas bandas fueron trasladados desde los penales ubicados en Izalco (occidente), Ciudad Barrio (oriente) y San Vicente (centro).

Aseguró que en Cecot “pagarán por los crímenes cometidos contra nuestro pueblo; aislados del exterior, sin posibilidad de salir, ni de ordenar delitos desde la cárcel”.

Fotografía proporcionada por el gobierno de El Salvador que muestra el traslado de pandilleros al Centro de Internamiento de Terrorismo (Cecot), este martes en Tecoluca (El Salvador). EFE/ Gobierno de El Salvador

Hasta antes de la publicación de Bukele, las autoridades de Seguridad del país centroamericano no habían informado sobre el movimiento de prisioneros y se desconocen los detalles de este traslado.

El mandatario no detalló cuántos pandilleros se encuentran en dicho centro penitenciario de 23 hectáreas, que fue inaugurado a fines de enero del año pasado.

Este sería el tercer movimiento de pandilleros hacia Cecot. El primero se produjo a finales de febrero del año pasado y el segundo poco después, en marzo.

La construcción de este penal se produjo en medio de críticas de la oposición que ha señalado falta de transparencia, principalmente por la aprobación en la Asamblea Legislativa, dominada por el oficialismo, de una ley que permitía sortear los controles consuetudinarios en las obras estatales.

Fotografía proporcionada por el gobierno de El Salvador que muestra el traslado de pandilleros al Centro de Internamiento de Terrorismo (Cecot), este martes en Tecoluca (El Salvador). EFE/ Gobierno de El Salvador

La construcción de la infraestructura se produjo en el marco de un régimen de emergencia implementado desde marzo de 2022 para combatir a las pandillas luego de una escalada de homicidios que cobró la vida de más de 80 personas en tres días, y que se ha ampliado en 26 ocasiones por periodos de 30 días a petición del Gobierno.

Según datos oficiales, en este contexto se producen más de 80.000 detenciones, de las cuales más de 7.000 personas han quedado en libertad condicional.

El Gobierno atribuye gran parte del descenso de la violencia a este régimen, que suspende derechos como la defensa de los detenidos y la inviolabilidad de las comunicaciones.

Las organizaciones humanitarias han recibido más de 6.000 denuncias de violaciones de derechos humanos en este contexto, principalmente por detenciones arbitrarias, torturas y desapariciones de corta duración.

Esta medida, que logró acentuar la disminución de homicidios iniciada en 2016 por administraciones anteriores, goza de amplia popularidad y fue la principal bandera de Bukele para lograr su reelección inmediata, pese a que está prohibida por la Constitución.

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