Revisión al alza de las previsiones de crecimiento, aumento del empleo: las cifras macroeconómicas confirman el buen momento de la economía española desde una perspectiva general. Sin embargo, las encuestas cualitativas presentan un panorama más complejo, con matices importantes para la política económica. Según el Eurobarómetro del otoño pasado, casi la mitad de los europeos consideran que su nivel de vida se ha deteriorado en el periodo reciente, sin que se vislumbre un cambio de tendencia en los próximos años. En el caso de España, el porcentaje de opiniones pesimistas es algo mayor y en Francia casi dos de cada tres personas encuestadas comparten esta visión.
Las percepciones individuales pueden ser volátiles, pero también se basan en una realidad ineludible: la inflación ha erosionado el poder adquisitivo de amplias capas de la sociedad. Durante el bienio 2021-2022, marcado por la escalada del IPC, la remuneración media por asalariado retrocedió casi un 5,5% en términos reales, y la recuperación posterior ha sido incompleta. Hoy en día, el salario medio se sitúa prácticamente en el mismo nivel que al inicio de la crisis financiera (y apenas un 5% por encima de donde estaba a inicios de siglo, siempre en términos reales). El consumo per cápita también ha disminuido en comparación con la situación anterior a la pandemia, acentuando la sensación de empeoramiento de las condiciones materiales.
En otros grandes países europeos, el recorte ha sido incluso más pronunciado, lo que explica el malestar que se ha extendido en la opinión pública en todo el continente acerca de la capacidad de los gobiernos –y de la Unión Europea—para mejorar el día a día.
La pérdida de poder adquisitivo como consecuencia de la inflación no ha sido uniforme, afectando especialmente a las clases populares debido al peso de componentes inflacionarios como la alimentación, la electricidad o los alquileres. No debería sorprender que los colectivos con bajos ingresos consideren la recuperación de la capacidad de compra de sus ingresos como su principal preocupación, según diferentes estudios de la Fundación de Dublín. Por su parte, las rentas altas manifiestan una mayor preferencia por otras cuestiones, como la reducción de jornada.
La erosión del poder adquisitivo de los trabajadores que han mantenido su empleo durante estos años contrasta con la mejora para el millón y medio de personas que se han incorporado al empleo (mayormente parados, jóvenes o inmigrantes). Es decir, hay más ocupados, pero cada uno de ellos tiende a ganar menos una vez descontada la inflación. Esta constatación explica la aparente contradicción entre los resultados macroeconómicos, respaldados por el crecimiento del mercado laboral, y la sensación individual de deterioro del nivel de vida.
La política económica enfrenta la necesidad de mantener el dinamismo del mercado laboral y, al mismo tiempo, atender las expectativas de mejora de los ingresos de un amplio espectro de la población, y no solo de los colectivos más desfavorecidos. Hasta tiempos recientes, el foco se centraba en el empleo de los trabajadores con bajos niveles de ingresos, los más afectados por la globalización y un proceso de cambio tecnológico desfavorable para el trabajo poco cualificado. Algunos países como Alemania o Reino Unido habían logrado desplegar políticas efectivas en este sentido.
El momento actual, caracterizado por una pérdida casi generalizada de poder adquisitivo y un cambio tecnológico disruptivo para todo el mundo del trabajo, plantea un desafío más profundo. El problema de fondo radica en la debilidad de la productividad, que a su vez refleja la insuficiencia de las políticas que funcionaron bien en un contexto global que ha cambiado radicalmente. Hasta ahora, ningún país europeo parece haber encontrado la fórmula mágica.
IPC y salarios
Según el indicador adelantado del INE, el IPC se incrementó en junio un 3,4% en términos interanuales, cifra que coincide con la previsión de Funcas. Este dato lleva la subida acumulada del índice, desde que se inició la inflación en el primer trimestre de 2021, hasta el 18,8%. Durante el mismo periodo, se estima que la remuneración media por asalariado –una variable que proviene de las cuentas nacionales, incluyendo los salarios directos y otros costes laborales—se ha revalorizado un 14,4%, es decir, 4,4 puntos menos que el IPC.