viernes, julio 19

El Gobierno incluirá los alquileres temporales en el registro de pisos turísticos para prevenir fraudes

El Gobierno ha decidido tomar medidas para erradicar el fraude en los alquileres temporales, una práctica que se ha popularizado recientemente para evadir ciertas normativas establecidas por la ley de vivienda. Según reconocen expertos del sector inmobiliario, esta modalidad se utiliza para eludir regulaciones. Por ello, el Ministerio de Vivienda ha anunciado este miércoles nuevas exigencias para quienes opten por este tipo de arrendamiento. Se está preparando un real decreto que obligará a justificar el motivo de estos alquileres, que además deberán figurar en el registro de pisos turísticos conforme a la normativa europea si se anuncian en plataformas digitales y se ofrecen por periodos inferiores a un año.

«La implementación de todos los mecanismos necesarios para evitar la evasión de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) y asegurar que los alquileres de temporada se utilicen adecuadamente es esencial», declaró la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, tras la reunión del grupo de trabajo sobre alquileres temporales. Este grupo se formó en diciembre, seis meses después de la aprobación de la ley estatal de vivienda en mayo de 2023. Aunque el Ejecutivo argumentó que las elecciones generales y la formación del nuevo gobierno habían retrasado su inicio. Esta fue la tercera reunión del grupo, que incluye a sindicatos, patronal, sindicatos de inquilinos, administradores de fincas, agentes inmobiliarios y cámaras de la propiedad urbana, entre otros. Esta diversidad de opiniones llevó a que algunos sindicatos de inquilinos se distanciaran del grupo y llevaran al Congreso una propuesta de ley para regular de manera más estricta los arrendamientos de temporada. Esta iniciativa, respaldada por Sumar y otros grupos de izquierda, proponía limitar estos alquileres a seis meses y aplicarles los mismos controles de precios que la ley de vivienda prevé para el alquiler convencional.

Las conclusiones del ministerio no llegan a esos extremos. Para «proteger» los alquileres temporales, especialmente para profesionales o estudiantes que los necesitan, Rodríguez explicó que el real decreto, que se tramitará con urgencia, establecerá cómo justificar que un piso se alquila por un periodo específico y no por los cinco años mínimos que la LAU exige para arrendamientos de vivienda habitual. Además, se desarrollará un registro único de pisos turísticos y temporales, anunciado en mayo en el marco de otro grupo de trabajo sobre alojamientos vacacionales, coordinado también por Vivienda. Este registro responde a un reglamento europeo que obliga a incluir cualquier inmueble alquilado por menos de un año y ofrecido en plataformas digitales, según explicó una portavoz del ministerio.

Rodríguez también anunció medidas relacionadas con el alquiler turístico, otra modalidad que, según el Gobierno, está reduciendo el parque de arrendamientos tradicionales, dificultando el acceso a la vivienda para muchos inquilinos. El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, afirmó que la proliferación de apartamentos vacacionales es un problema «de primera magnitud». «Si una vivienda no tiene licencia para uso turístico, su publicidad debe ser ilegal y, por lo tanto, perseguida», dijo en una entrevista en TVE. Bustinduy también indicó que su departamento ha iniciado una investigación contra algunas plataformas de alquileres turísticos por anunciar pisos sin licencia, lo que podría vulnerar los derechos de los consumidores.

En cuanto al alquiler vacacional, Vivienda tiene competencias limitadas. Este tipo de alquiler está específicamente excluido de la Ley de Arrendamientos Urbanos, y las competencias en turismo son autonómicas, con cierta capacidad regulatoria por parte de los ayuntamientos. El Gobierno ha constituido un grupo de trabajo separado para abordar esta cuestión y ha mantenido reuniones con administraciones locales y autonómicas. La capacidad del Estado en este ámbito, aparte del registro mandado por la normativa europea, se centra principalmente en aspectos fiscales y en la Ley sobre la propiedad horizontal. La ministra de Vivienda destacó que planean reformar esta ley, buscando apoyo parlamentario para que quede claro que las casas vacacionales son una actividad económica, según la jurisprudencia del Tribunal Supremo. Esto implicaría, además de efectos fiscales, la necesidad de que los vecinos autoricen cualquier piso turístico, algo que actualmente no está suficientemente claro en la norma, a pesar de que se reformó hace un par de años para permitir que las comunidades de vecinos vetaran estos pisos con una mayoría de tres quintos.

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