El Gobierno de Aragón ha establecido un acuerdo de colaboración con la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) y el Sindicato de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA), asignando un total de 150.000 euros al programa Segunda Oportunidad.
El convenio tiene como finalidad ayudar a los autónomos a superar situaciones de insolvencia mediante la prestación de servicios técnicos especializados en segundas oportunidades. Además, se busca prevenir que estos problemas ocurran inicialmente.
El acuerdo, vigente hasta el 31 de diciembre de 2024, permitirá que ATA y UPTA reciban 75.000 euros cada una para implementar el Programa Segunda Oportunidad y para establecer el Observatorio Autónomo de Aragón.
Las actividades incluyen asesoramiento inicial para organizaciones en dificultades debido a la legislación de segunda oportunidad y el análisis de opciones económicas viables. También se prevé la realización de estudios concursales y la formalización de la documentación necesaria para el acceso de personas físicas a la competencia de acreedores. Se analizará la viabilidad de cambiar la forma jurídica de las empresas para continuar operando.
El convenio también contempla asesoría preventiva para trabajadores autónomos, difusión del derecho a una segunda oportunidad y la presentación de denuncias ante organismos europeos para lograr la homogeneización de este derecho a nivel europeo.
Durante la firma del acuerdo, la vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, afirmó que se proporcionarán herramientas a los autónomos en dificultades para que puedan superar esos desafíos y relanzar sus vidas.
El presidente de ATA Aragón destacó la importancia de acompañar y apoyar a los autónomos no solo al inicio de su actividad, sino también en momentos de cierre, para que no se sientan abandonados. Subrayó la relevancia de aprovechar la Ley de Segunda Oportunidad.
Álvaro Bajén, secretario general de UPTA, calificó el acuerdo como un avance significativo en la protección del trabajo autónomo en Aragón. Según Bajén, en 2023, más de 400 empresas y particulares en la comunidad aragonesa se acogieron a la Ley de Segunda Oportunidad.