El final del invierno marca un cambio político significativo que impulsa al Gobierno español a intensificar sus esfuerzos para alinearse con Bruselas. La expansión del Plan de Recuperación presenta un reto complicado, no solo por la necesidad de llevar a cabo una reforma fiscal, sino también por cumplir con un calendario que ya acumula retrasos. Antes de que termine el año, el Gobierno de Sánchez deberá solicitar el quinto y sexto desembolso de los fondos Next Generation, que suman más de 11,600 millones de euros.
España tiene en juego 7,200 millones de la quinta línea y 4,000 millones de la sexta en transferencias a fondo perdido, además de la posibilidad de obtener 14,400 millones en préstamos en condiciones favorables. Aunque cada país decide si toma o no estos préstamos, España ha mostrado falta de ambición en utilizar plenamente la financiación disponible desde el inicio de la pandemia.
Este año, se esperaba que España solicitara más de 25,000 millones de euros, distribuidos en solicitudes para el primer y segundo semestre. A pesar de la flexibilidad de la Comisión Europea, existen límites claros para asegurar los pagos previstos.
El país enfrenta un plazo de cuatro meses para cumplir con cerca de 120 objetivos vinculados a esta financiación, lo cual se complica debido a la fragmentación política. La reforma tributaria, que forma parte del quinto plan, se ha convertido en un punto focal para fortalecer la legitimidad del Gobierno. Aunque el Ministerio de Hacienda consideraba finalizada la reforma con el aumento de impuestos, la Comisión Europea ha señalado que aún queda trabajo por hacer.
El Ministro de Economía, Carlos Cuerpo, respondió a las críticas de Bruselas asegurando que se tomarán las decisiones necesarias para cumplir con las obligaciones del quinto pago. Sin embargo, las tensiones en torno a la reforma de pensiones y otros temas podrían complicar aún más la agenda.
Mientras tanto, Bruselas ha mostrado cierta flexibilidad en sus evaluaciones para no interferir en las elecciones europeas. La cuarta fase de evaluación llegó en junio, tras la aprobación de una difícil reforma de subsidios.
El calendario del Gobierno para el último cuatrimestre incluye importantes temas legislativos, como la reforma fiscal y la ley de vivienda, que son cruciales para el éxito del Plan de Recuperación. La ejecución de los fondos Next Generation es esencial para abordar los desafíos económicos derivados del COVID-19, y se espera que contribuyan a un crecimiento del PIB español del 3.1% para 2026.
El plan de recuperación debe concluir en 2026 sin posibilidad de prórrogas, lo que añade presión sobre el Gobierno para absorber estos fondos en un plazo corto.