Bogotá.- La jueza 44 penal de Bogotá, Sandra Liliana Heredia, negó este viernes el pedido de nulidad de proceso contra el expresidente colombiano Álvaro Uribe, investigado por presunto soborno a testigos y fraude procesal.
Así lo afirmó Heredia en la audiencia virtual en la que señaló que la solicitud del abogado defensor de Uribe, Jaime Granados, «es absolutamente improcedente, debe ser rechazada de plano, decisión contra la cual no cabe recurso».
Granados argumentó su pedido de que supuestamente el juicio no podía proceder porque Uribe no sabe de qué se defiende y que además, “no existe en realidad, a pesar de la aprobación, una verdadera formulación de acusación”.
“Bueno, si surgiera alguna duda con relación a la acusación (contra Uribe), la solución no fue invocar la nulidad, pero como destacó la Corte Suprema de Justicia, corresponde invocar su aclaración”, explicó Heredia, quien hizo una Amplia exposición del proceso.
También señaló que los argumentos de la defensa no cumplieron con los argumentos legales para anular lo hecho en las distintas etapas del juicio.
La togada también reconoció como víctima del caso al senador izquierdista Iván Cepeda.
En la audiencia de hoy, el fiscal que lleva el caso, Gilberto Villarreal, agregó el cargo de cohecho a Uribe, que se suma a los ya imputados por presunto cohecho de testigos y fraude procesal.
Según la decisión del juez, el proceso contra Uribe comienza formalmente y si el jefe del Centro Democrático es declarado culpable podría enfrentar una pena de entre 6 y 12 años de prisión.
Durante la audiencia virtual Uribe (2002-2010) intervino y aseguró que es inocente de todos los cargos que le imputa la Fiscalía, que no hay consistencia en el caso y que no existen pruebas para probar los delitos de los que acusa. ha sido acusado.
Caso que comenzó en 2012
El largo proceso se remonta a 2012 cuando Uribe, quien era senador, demandó por presunta manipulación de testigos a Cepeda, quien en ese momento preparaba una denuncia en el Congreso en su contra por presuntos vínculos con el paramilitarismo.
Contrariamente a las expectativas de Uribe, la Corte Suprema de Justicia no abrió una investigación contra el congresista de izquierda y, en cambio, inició un proceso contra el expresidente por manipulación de testigos.
La acusación de cohecho tiene que ver con el presunto pago de sobornos a Carlos Enrique Vélez y Juan Guillermo Monsalve, quienes se encuentran recluidos en los penales de Palmira y La Picota, en Bogotá, respectivamente.
Monsalve, exparamilitar, aseguró que hubo toda una estrategia para acercarse a él y convencerlo de que declarara contra Cepeda.
El expresidente lleva años insistiendo en que se trata de un caso en su contra que tiene motivaciones políticas y carece de pruebas.
Uribe renunció a su banca senatorial en agosto de 2020 para dejar de estar habilitado y que su caso pasara a la justicia ordinaria y luego la Fiscalía decidió que no había pruebas para perseguirlo judicialmente.
Por ello, solicitó en dos ocasiones la preclusión del caso, la cual fue denegada tanto por los juzgados de primera instancia presentados como por el Tribunal Superior de Bogotá.
Sin embargo, el fiscal Villarreal asumió el caso el 16 de enero y el 9 de abril afirmó que con base en las pruebas físicas y elementos probatorios determinó que existían motivos para acusar a Uribe, cuales fueron las conclusiones de los jueces al negar la preclusión.