San Pedro Sula, Honduras.
La intervención de las instituciones a través de comisiones sigue siendo la medida más inmediata que aplican los gobiernos cuando las cosas no parecen ir bien. Sólo durante la administración de la presidenta Xiomara Castro se han intervenido seis instituciones.
La Ley General de la Administración Pública menciona que las comisiones intervinientes deben gestionar y evaluar las instituciones que presentan dificultades durante un período de tiempo determinado, aunque expertos consideran que casi nunca se observan resultados y representa un gasto para el Estado.
“Todo sigue igual o no hay una mejora notable, pero lo que se ve es un alto gasto de fondos públicos en base a los sueldos de los interventores, que son sueldos normalmente de más de 200.000 lempiras”, lamentó Juan Carlos Aguilar, director de Democracia y Transparencia de la Asociación por una Sociedad Más Justa (ASJ).
Instituciones intervenidas
En los últimos 14 años (entre 2007 y junio de 2024), en el país se han juramentado 37 comisiones intervinientes para gestionar 29 instituciones del Estado, según datos recabados por la ASJ, así como el seguimiento y elaboración propia de la Unidad de Datos de LA PRENSA PREMIUM.
Seis de estas comisiones fueron designadas durante la administración de Castro. El último caso ocurrió el 30 de mayo de 2024, cuando tres personas (Esdras Rafael Gutiérrez, Jennifer Carolina Flores Tercero y Lenin Francisco Funes Luna) fueron designadas para administrar el Instituto de la Propiedad (IP), tras denuncias de desvío de fondos.
Pero las intervenciones en las instituciones del Estado no son nuevas, ya que en 2007, en el gobierno de Manuel Zelaya Rosales, se nombró una comisión para intentar rescatar a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee).
En la gestión de Porfirio Lobo Sosa también estuvieron involucradas 12 instituciones, entre ellas el Instituto Nacional de Bienestar Docente (Inprema), el Hospital Universitario, el Ministerio de Salud y Seguridad, así como el Ministerio Público.
Datos
1__La creación de comisiones se ajusta a la normativa, dicen los expertos, pero deben ser transparentes y cumplir con el mandato.
2__Las comisiones deben tener autonomía, no para resolver los problemas de la institución, sino para crear mecanismos que permitan la planificación.
Entre 2014 y 2021 fueron 18 instituciones intervenidas. Sólo en 2014, cuando asumió el expresidente Juan Orlando Hernández (preso en Estados Unidos por narcotráfico), eran cinco: Mario Catarino Rivas, el IP, Soptravi, la Unidad de Registro y Seguimiento de Asociaciones Civiles (Ursac) y el Instituto Hondureño. Sistema de Seguridad Social (IHSS). Para estas cinco comisiones se designaron más de 12 personas.
Castro también continuó con la dinámica y a solo unos meses de jurar como primer presidente de Honduras intervino el Inprema, luego la Función Pública y la Oficina Administrativa de Bienes Incautados (Oabi). Posteriormente se sumaron a la lista el Sistema de Emergencias 911, el Instituto Nacional Penitenciario (INP) y ahora el IP.
Reincidencia
En los 15 años analizados, este diario encontró instituciones que fueron intervenidas hasta en tres ocasiones porque “las decisiones no se toman en interés de la institución, sino en interés de una visión, que puede ser política, ideológica o que puede ser de otra índole”. intereses”, consideró Germán Leitzelar, exintegrante de varias comisiones intervinientes.
Leitzelar afirmó que las comisiones se ven debilitadas por la intromisión de la política sectaria y que cuando termina un gobierno, los procedimientos de los intervinientes también quedan cortados y afectados.
“El problema que normalmente vemos son los efectos y no las causas de esa debilidad que tenemos en la institucionalidad y en el Estado de derecho que la comisión intenta corregir, pero estas comisiones también se ven debilitadas por presiones que a veces son de carácter político. » sectario”, afirmó.
Aguilar, por su parte, cree que para que las instituciones funcionen deben “apegarse al mandato, a lo que establece la ley, al tema de la transparencia, al tema de la rendición de cuentas, porque al final del día esas instituciones están intervenidas”. porque tienen altas tasas de cohesión”.
Con estos elementos, según Aguilar, se podrían fortalecer las entidades del Estado y evitar la fuga de información y recursos. Señaló que la labor del auditor es identificar, denunciar y exponer estructuras que quieran afectar e impedir su labor como administradores de las instituciones.