Luego de varios intentos de continuar con la primera audiencia de declaración, finalmente este 31 de mayo el juez A del Juzgado Décimo Pluripersonal de Primera Instancia Penal, Víctor Cruz, continuó con la misma para escuchar a la defensa de los cuatro señalados que integran el tercer grupo de imputados. Dentro del caso Toma de la Usac: Botín político.
Luego de analizar todos los argumentos presentados tanto por el MP como por la defensa de los imputados, el juez Cruz decidió declarar sin mérito a favor de Marco Vinicio de la Rosa, Elmer Velásquez, Engelberth Blanco y Julio Arreaga, al no encontrar pruebas. que podrían vincularlos con los delitos imputados.
«La falta de mérito no lo cierra (el proceso penal), su persona puede ser llamada nuevamente si el MP adapta otros elementos para poder establecer que puede ser procesado penalmente», dijo Cruz en su resolución.
En este caso, la Fiscalía de Delitos contra el Patrimonio Cultural imputó a los cuatro imputados los delitos de depredación continua de bienes culturales, sedición continua, usurpación continua agravada y asociación ilícita, pero al no existir los elementos, los imputados quedaron libres de cargo. .
Sin embargo, el parlamentario afirmó que apelará la decisión al no compartir la resolución del juez.
Durante su intervención, los defensores resaltaron que muchas de las acusaciones hechas por el Ministerio Público (MP) no tienen sustento ni la debida diligencia, ya que no hay indicios de que los señalados participaron en los hechos que mantuvieron cerrada la casa. estudios desde hace más de un año.
Juan Castro, defensor de Elmer Velásquez, señaló que la Fiscalía alegó que el decomiso había sido utilizado como botín político con el fin de incrementar la figura de determinadas personas y que fueran reconocidas en el próximo evento electoral, lo que reprochó al diputado. por no actuar contra la actual diputada Helen Ajcip, quien también se pronunció a favor de la protesta en la Usac, y contra otros diputados.
«O sólo tienen que ser perseguidos los que son rojos, o tienen una tendencia un poco más socialista o socialdemócrata, y los que están relacionados con la forma de actuar del parlamentario, esos no pueden ser perseguidos», cuestionó Castro.
Por su parte, la defensa del periodista Engelbert Blanco aseguró que el parlamentario ha utilizado el caso para intentar silenciar las críticas sociales que pueden generar los periodistas. “Hay una serie de acciones que han estado encaminadas a prohibir, inhibir y silenciar a aquellas personas que realizan labores periodísticas”, afirmó la abogada Wendy López.
En su argumento, López señala que, efectivamente, Blanco estuvo presente el 4 de agosto de 2022 en las instalaciones del campus central de la USAC, como afirmó en su momento la fiscalía; sin embargo, él no era uno de los manifestantes, sino que se encontraba desempeñando su labor como periodista.
Prueba de ello, fueron entregados al juez Cruz una serie de videos en los que se ve a Blanco luciendo su placa que lo acredita como periodista, y también se entregaron dicha placa y una copia de los artículos periodísticos escritos por Blanco ese día, demostrando así que su presencia en las instalaciones universitarias eran exclusivamente para su trabajo.
Entre las acusaciones, el MP señala que los hoy imputados son los causantes de una serie de daños que se ocasionaron a las instalaciones que son patrimonio cultural del país; Sin embargo, los abogados coinciden en que el convenio de patrimonio cultural sólo cubre una parte del campus pero no la totalidad.
Además, los defensores señalan que el deterioro del campus tampoco puede ser atribuido a los imputados, pues lo que existe es una falta de mantenimiento, iniciada desde que las autoridades universitarias cancelaron las actividades presenciales debido a la pandemia de Covid-19.