El alcalde de Santa Catarina Pinula y presidente de la Asociación Nacional de Municipios (ANAM), Sebastián Siero, dijo que el incumplimiento del Reglamento de Vertidos y Reúso de Aguas Residuales y Disposiciones de Lodos no es responsabilidad de los actuales alcaldes, sino de anteriores gobiernos que lo ampliaron por 17 años.
“Es una irresponsabilidad, pero no de nuestra parte, sino de todos los gobiernos y del Ministerio de Medio Ambiente, que al tener un problema complejo lo único que hicieron fue patear la pelota hacia adelante. Ella era una patata caliente y nadie se atrevía a entrar de lleno en el tema”, reiteró.
Recientemente, la Ministra de Ambiente y Recursos Naturales, Patty Orantes, anunció que tomaron la decisión de no prorrogar más el acuerdo gubernamental 236-2006 que contiene el reglamento, el cual tiene como objetivo establecer mecanismos de evaluación, control y seguimiento para promover la conservación y mejoramiento de Recursos hídricos.
La normativa también establece tiempos, uno de ellos fue la entrega de los informes de diagnóstico el 30 de mayo, cuyo propósito fue conocer el tipo de agua que los municipios vierten a las fuentes hídricas.
Sin embargo, debido a que los alcaldes no estuvieron de acuerdo con esta situación, el presidente de la ANAM planteó una inconstitucionalidad ante la CC, la cual fue resuelta a su favor.
“La inconstitucionalidad que presentamos es por dos o tres artículos, pero el principal es el 24 bis, que establece los tiempos”, dijo.
“Como alcaldes no estamos en contra de construir drenajes, pero ese acuerdo es inconstitucional”, argumentó.
Según el alcalde, la normativa exige objetivos que son casi “imposibles” de cumplir debido al poco tiempo disponible.
“250 alcaldes son nuevos y no les corresponde la moratoria de más de 50 años sobre el drenaje que los demás no han cumplido a tiempo”, afirmó.
El funcionario explicó que existen varias fases, la primera consistió en la entrega del informe diagnóstico. Sin embargo, desarrollarlo implica un gasto de al menos Q150 mil, lo que implica el proceso de compra y la elaboración del estudio en al menos seis meses.
La segunda era que para 2025, todos los municipios deberían tener al menos dos plantas de tratamiento de cuencas en sus localidades.
El último, y según él el más difícil de cumplir, fue que en 2026 todos los municipios deberían tener al menos el 60% de las plantas de tratamiento.
“Hay municipios muy grandes que necesitan tener más de 200 depuradoras, lo cual es imposible”él afirmó.
El Ministro de Ambiente informó que recibieron estudios de al menos 250 municipios, sin embargo, Siero difiere de lo manifestado por el funcionario.
Según el titular de la cartera de Medio Ambiente, el 75% de las comunas lograron cumplir con el envío de informes sobre el tipo de agua que están vertiendo a las fuentes hídricas.
Por su parte, Siero dijo que: “Es una falacia. La mayoría de los estudios que presentaron no son válidos ya que son de 2009 y 2017 y solo tienen una vigencia de cinco años. Es más, ni el MARN sabía cuántos municipios cumplieron”, afirmó.
Según el presidente de la ANAM, una de las opciones que se planteó durante varias reuniones en el MARN para abordar el problema es que se otorgue una prórroga hasta el 31 de diciembre, para presentar los estudios de diagnóstico, conocer cuántas plantas de tratamiento se necesitan y el proceso que se necesitaría para construirlos.
Además, se propuso derogar dicho acuerdo, ya que según él no se adapta a la realidad nacional en términos de tiempo y presupuesto.
Finalmente, indicó que en el momento en que el Ministerio del Ambiente haga la propuesta de modificar el acuerdo y sea beneficioso para los alcaldes, retirarán la inconstitucionalidad, que protege a los integrantes del Concejo Municipal de ser sancionados penalmente.
Cabe recordar que varias organizaciones en defensa del medio ambiente se han pronunciado en contra del accionar de la ANAM, argumentando que afecta la vida y la salud de los guatemaltecos.
La ambientalista y presidenta de la Fundación Bosque Tropical, Vida Amor de Paz, afirmó que el incumplimiento de esta norma debe ser sancionado penalmente, pues atenta contra la salud de la población, ya que los ríos están cada vez más contaminados y llenos de basura. .